Representantes de consorcios de transporte se reunieron con Junta de Aclaraciones del Comité de Adquisiciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) del Estado donde cuestionaron la capacidad económica del Gobierno, encabezado por Samuel García, para costear el arrendamiento millonario con el cual buscan adquirir 2 mil camiones para el transporte público.

Los proveedores preguntaron si el documento presupuestario para el proyecto de arrendamiento por seis años es sostenible y si está protegido jurídicamente.

Representantes de consorcios como Volvo Grupo México, Integra Arrenda y LDR Solutions solicitaron informes sobre la existencia de un fideicomiso que permita asegurar el pago del arrendamiento de las unidades.

Incluso algunos expusieron sus inquietudes sobre la relación que tienen el Poder Ejecutivo con el Congreso local, y las dificultades por aprobar los paquetes fiscales anuales.

En respuesta, el Estado se limitó a decir que la presente contratación se realiza a través de la modalidad de proyecto autofinanciable que establece la Ley de Administración Financiera para el Estado.