Fueron detectadas en la Cuenta Pública 2023 del Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal (IMA), la Auditoría Superior del Estado anomalías por 896 millones de pesos en los contratos para adquirir al menos mil 800 camiones con tres distintos proveedores. Según lo reportado, hubo irregularidades en las modificaciones a los contratos de arrendamiento -que resultaron desventajosas para el Estado-, en el diferimiento de los plazos de entrega de las unidades y en las estimaciones de las penalizaciones por los incumplimientos de los proveedores.

El señalamiento más importante correspondió a la empresa Thousand International Companies (TICSA), contratada desde el 2021 para proveer 800 autobuses en arrendamiento tipo full service por un monto de 3 mil 936 millones de pesos.

De acuerdo con la ASE, en una modificación al contrato, fechada en mayo de 2023, se estipuló indebidamente un pago directo al fabricante chino de camiones por 46.4 millones de dólares, equivalentes entonces a 810 millones de pesos.

Otro contrato observado fue el celebrado con Ego Móvil para el arrendamiento de 600 unidades por 3 mil 307 millones de pesos.En este caso se señaló que se realizaron modificaciones en lo acordado en beneficio del proveedor.Por ejemplo, se estimaron penalizaciones por 15.1 millones de pesos, cuando el monto real a imponer era de 47.5 millones, según la Auditoría.

El contrato con Forza Arrendadora Automotriz, para el arrendamiento de 400 camiones, tuvo observaciones similares.

En total, el IMA tuvo observaciones no solventadas por mil 216.4 millones de pesos, de los cuales 933.6 fueron considerados por la ASE como posibles recuperaciones, es decir, montos que desde su punto de vista deben ser reintegrados al erario.