El Congreso del Estado, a través de su Presidenta, Diputada Lorena de la Garza, lamenta que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, trastoque el clima de diálogo y civilidad que se ha empezado a construir con el Poder Ejecutivo, al confirmar que NO contempla publicar todos los acuerdos y decretos que están pendientes en el Periódico Oficial del Estado.

El día de hoy por la mañana se sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno entre la Presidenta del Congreso del Estado y el Secretario General de Gobierno.

Lamentamos que Navarro siga afectando la relación, ya de por si dañada entre los poderes, y lastime los esfuerzos para alcanzar acuerdos en temas prioritarios como el Presupuesto 2025.

La Secretaría General de Gobierno comunicó que se han publicado “CASI” la totalidad de los más de 400 acuerdos y los casi 100 decretos que estaban pendientes.

Sin embargo, faltan 42 decretos y 116 acuerdos que deberían publicarse sin pretexto alguno por mandato constitucional.

“En la reunión, el Secretario Navarro manifestó que no publicará ningún acuerdo ni decreto que el Ejecutivo haya demandado ante la Suprema Corte de Justicia, pero con esta “justificación” el Gobierno llega al absurdo de que todo lo que no le guste al Ejecutivo y lo demande ante la Corte será detenido.

Nos parece una forma absurda e ilegal de secuestrar la labor legislativa”, indicó la Presidenta del Congreso.La Constitución en su artículo 90 establece que el Poder Ejecutivo debe publicar sin excepción la totalidad de las resoluciones del Congreso.

Por lo tanto, no publicar acuerdos y decretos es ilegal, discrecional y arbitrario, cuando el texto constitucional en ninguna parte señala que el Ejecutivo pueda decidir no publicar decretos por estar en litigio en la Corte. Este supuesto solo procedería cuando la Corte otorga suspensiones expresas, que no es el caso.

Hay que advertir que TODAS las solicitudes de suspender la publicación de decretos, la Corte ha DESECHADO la suspensión solicitada por el Ejecutivo.

Es decir, que el Gobierno no solo actúa contra la ley, sino contra el Máximo Tribunal del País.